Pues nada se salva de esta carrera por la
privatización de los bienes y servicios PÚBLICOS, y ahora le toca el turno a
nuestros montes de utilidad pública. Se la
liga Hacienda:
¡Todas las Comunidades a vender lo que sea para
bajar el déficit! ¡Tonto el último!
A primeros de febrero de 2013, le ha tocado la hora a
nuestros montes de utilidad pública. Esta categoría existe en España desde
mediados del siglo XIX, pues su creación fue necesaria frente al proceso desamortizador
y las repercusiones ambientales asociadas, que vivían las tierras de nuestro
país. Gran parte de los montes que se compraron entones, fueron talados y
destruidos. Sin embargo, aquellos que permanecieron en manos públicas y se
incluyeron en el Catálogo de montes de utilidad pública, se preservaron. Gracias a ello, se han
conservado hasta ahora espacios de importante valor ecológico, que son la base
de la conservación de la naturaleza.
La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha está valorando
la posibilidad de vender a agentes privados entre el 20%-30% de los 228 montes de
utilidad pública (171.228 hectáreas) que tiene en propiedad. Entre estos
espacios, se encuentran 4 refugios de fauna, de los cuales 3 fueron
desprotegidos casualmente el octubre del pasado año. El 13% de la totalidad el
territorio Español son montes de utilidad pública.
El pasado jueves 31 de enero, el Director General de Montes
y Espacios Naturales hacía pública la intención de la Junta frente a la privatización.
Si bien la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, han comunicado a EFE que “en estos momentos, no existe ningún documento
de trabajo”. Lo que es seguro es que las delegaciones recibieron la orden de
elaborar informes sobre sus montes, en los que se detallara características
tales como la existencia de infraestructuras en su interior (como chalés) o la
viabilidad de su construcción, si los espacios se encuentran libres de cargas o
la posibilidad de instalación de vallado cinegético. Todas éstas harían más
atractivos nuestros montes a los posibles compradores, principalmente, explotadores
forestales y cinegéticos que vallarían e impedirían el acceso a estos espacios.
Serían disfrutados exclusivamente por los propietarios, amantes habituales de una
actividad tan “noble” como la caza por pura diversión.
Hasta ahora, solo algunas Comunidades habían vendido
parcelas rústicas, pero no hay antecedentes de la privatización de montes de
utilidad pública. Se da esta situación porque para venderlos, sería necesario
un cambio de la legislación (la normativa indica claramente que estos bienes
son “inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a
tributo alguno que grave su titularidad”) o que se desafectaran estos espacios,
es decir, que se considerara que han perdido las características por las que se
incluyeron en el Catálogo y fuera imposible su recuperación. Para dicha inclusión, se realizó en su momento
el correspondiente informe en el que se reflejan las características de
especial interés ecológico de la zona, el valor de la flora y la fauna, entre
otros, por lo que para su desafección habría que justificar, con la
documentación técnica oportuna, que ya no poseen estas características
ambientales.
“Un monte público
supone costes y no rendimientos para el Estado”. Esta frase enunciada por
algún que otro político, refleja perfectamente lo que piensan y valoran algunos
que, desafortunadamente, toman las decisiones en este país. Y valdría la pena hacerse
uno el tonto y preguntarle a este señor:
Por favor, ¿podría especificarme a qué costes se refiere?
¿Sociales, económicos, ambientales? ¿Y lo podría relacionar con el resto gastos
que realiza el Estado?... ¿Y rendimientos? No entiendo muy bien a qué se
refiere, ¿sociales, ambientales o…económicos? Pues por ejemplo, los bienes y
servicios ambientales que producen nuestros montes de utilidad pública son
innumerables para la sociedad… y existe allí una importante actividad económica
de la población rural ligada a estos espacios…
Seguimos retrocediendo en materia de protección ambiental y
gestión forestal.
